La apuesta decidida de este equipo de gobierno para impulsar las prestaciones sociales en toda la provincia ha hecho que la Diputación sea pionera en toda Andalucía. La Institución atiende en la provincia a las más de 3000 personas dependientes, gracias a haber impulsado la implantación de los servicios y prestaciones que proporciona la Ley de Dependencia, y también el anterior programa de Ayuda a Domicilio.
Así lo reflejan los datos, los usuarios y sus familias. La provincia está a la cabeza de Andalucía tanto en el número de personas atendidas, como en la calidad y cantidad de los servicios prestados. La apuesta del gobierno socialista por cubrir las necesidades de las personas con dependencia se traduce en un enorme esfuerzo económico.
Ante una situación económica como la actual está claro que es el momento de gestionar con más austeridad y de priorizar proyectos. Pero en el caso del Área de Bienestar Social, desde la que se ejecutan las políticas sociales, la partida económica ha incrementado año tras año durante la actual corporación. Cubrir las necesidades de las personas que lo necesitan es nuestra prioridad.
Nuestro compromiso ha sido y es de tal magnitud, que este ejercicio el presupuesto para toda el Área de Bienestar Social ha crecido, hasta situarse en los 47 millones de euros.
Gracias al convenio suscrito con la Junta de Andalucía y al apoyo recibido del Estado, las tres administraciones hemos trabajado de forma coordinada para garantizar la implantación de la Ley de Dependencia en todos los municipios menores de 20.000 habitantes.
Cuando se trata de gestionar servicios que tienen que ver de forma directa con las personas, de ayudar a los afectados que son dependientes y a sus familias, los socialistas tenemos claro cual debe ser el papel de la administración, y más cuando hoy contamos con una Ley que se sentará precedente. Es la primera vez que se reconoce el derecho de los ciudadanos que no puedan valerse por si mismos a ser atendidos por parte de la administración.
Así lo entendemos los socialistas, y así lo ejecutamos en las instituciones en las que gobernamos. Pero a pesar de la normativa, lamentablemente no se aplica en todos los lugares por igual. Los que prefieren gastar más dinero en ladrillo que en atender a los que lo necesitan, bajo su ideología de que las políticas sociales no son rentables, están provocando situaciones de desigualdad.
Un ejemplo. En el municipio de Pulpí, los vecinos de las pedanías que viven en término municipal de Águilas, Murcia, prefieren empadronarse en Pulpí, porque así pueden optar a los servicios que ofrece la Ley de Dependencia, y que en esta comunidad, gobernada por el PP, está mucho menos desarrollada.
La capital es otro ejemplo. Más que el debate político, lo que me enerva de verdad, es que a pesar del dinero transferido por la Junta de Andalucía, tengan los expedientes en un cajón, olvidándose de las familias que esperan esas ayudas como agua de mayo.
Como denunciaron mis compañeras Inés Plaza y Noemí Cruz, de los más de cinco millones de euros que la Junta transfirió al Ayuntamiento de Almería en el primer semestre de 2010, sólo ha gastado la mitad, cuando cientos de familias aguardan en lista de espera.
Conozco a muchas de esas personas, tienen nombres y apellidos, y la mayoría de ellas una difícil situación familiar. Me cuesta creer que de verdad a los dirigentes populares les preocupe más que la Ley de Dependencia fracase, porque es un proyecto socialista, que atender a quienes lo necesitan.
Podrán inventarse las patrañas que quieran, el papel lo aguanta casi todo, pero el paso de mi equipo de gobierno por la Diputación de Almería se recordará por haber hecho a la provincia pionera en políticas sociales. Ley de Dependencia, la Red Provincial de Servicios Sociales Comunitarios -ha pasado de 5 a 13 centros-, atención a drogodependientes, Familias, Jóvenes, Mujer, además de una reforma integral de la Residencia Asistida que le ha devuelto la calidad que nunca debió perder.
